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PREGUNTAS FRECUENTES

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ASPECTOS SOCIETARIOS:

1. ¿Cuál es el capital y el número mínimo de aportantes para constituir una empresa?

Las sociedades anónimas (SA) US$ 800.oo y las compañías de responsabilidad limitadas (CL) US$ 400.oo; y en cuanto al número de accionistas o socios respectivamente, deben ser por lo menos dos.

2. ¿Cómo se determina la reserva legal en las sociedades?

Las SA deben calcular un 10% anual sobre la utilidad neta para acumular la reserva legal, y se detendrá su determinación cuando la reserva llegue al 50% del capital pagado de la empresa.

La CL deben calcular un 5% anual sobre la utilidad neta para acumular la reserva legal, y se detendrá su determinación cuando la reserva llegue al 20% del capital pagado de la empresa.

3. ¿Las pérdidas acumuladas podrían llevar a una empresa a una causal de disolución?

Efectivamente, cuando las pérdidas alcancen o superan el 50% del capital más la totalidad de sus reservas, una empresa está en causal de disolución.

4. ¿En qué circunstancias las empresas deben entregar informes de comisarios?

Todas las SA que tengan activos iguales o superiores a US$ 60.000, y las CL cuyos estatutos lo requieran y además tengan activos iguales o superiores a U$ 60.000.

5. ¿Cuándo las empresas deben contratar auditorías externas?

Toda empresa (SA o CL) que declare activos a partir de US$ 500.000 en su declaración de impuesto a la renta, para el siguiente año está obligada a contratar auditores externos y dichos informes deben ser entregados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y al Servicio de Rentas Internas.

ASPECTOS TRIBUTARIOS:

1. ¿Cuál es el Impuesto a la renta que pagan las sociedades?

Para las sociedades se presentan las siguientes opciones en cuanto al porcentaje de impuesto a la renta a pagar:

  • Tarifa del 25% para todas las sociedades en general.
  • Tarifa del 28% para las que tienen accionistas domiciliados en paraísos fiscales.
  • Reducción del 3% en el impuesto a la renta, para exportadores habituales que aumenten o mantengan el empleo y para las micro y pequeñas empresas.
  • Reducción del 10% en el impuesto a la renta, para las empresas que reinviertan sus utilidades, siempre que sean exportadores habituales y empresas de producción o manufactureras que mantengan un 50% de componente nacional y las empresas de turismo receptivo.
2. ¿Cuál es el Impuesto a la renta que pagan las personas naturales?

Se parte de una fracción básica desgravada de US$ 11.270, y en adelante se paga una tarifa progresiva, que va desde el 5% hasta el 35%, que se calcula sobre ingresos netos desde US$ 115.140.

3. ¿Se deben declarar ingresos obtenidos en el exterior por personas o sociedades domiciliadas en Ecuador?

La legislación fiscal ecuatoriana utiliza la base de tributación de ingresos mundiales, por lo cual, todo ingreso obtenido en el exterior debe ser declarado localmente como ingreso exento, si efectivamente pagó impuestos en el exterior.

4. ¿La ganancia en la venta de bienes inmuebles paga impuesto a la renta?

La utilidad en la venta de bienes inmuebles está exenta de pagar impuesto a la renta en Ecuador, salvo que la actividad del contribuyente sea inmobiliaria.

5. ¿Cuál es el impuesto a la renta que se paga en la utilidad por venta de acciones o derechos representativos de capital?

La utilidad en la venta de acciones paga un impuesto a la renta único progresivo que se inicia con ganancias a partir de US$ 20.000 con el 2% y llegan hasta un 10% como máximo a partir de US$ 320.000.

1. ¿Es posible revalorizar las Propiedades, Planta y Equipos en Ecuador?

Si la empresa al adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), eligió la política contable de revalorizar sus activos, es posible hacerlo, registrando de contrapartida un mayor valor del patrimonio. Debe tenerse presente que la depreciación adicional proveniente de una revalorización, no es aceptada como gasto deducible para el cálculo del impuesto a la renta.

2. Las empresas que van a presentar reclamos al Servicio de Rentas Internas (SRI) del impuesto al valor agregado (IVA), ¿cómo deben contabilizar este valor?

Si la decisión es presentar un reclamo del IVA exportadores, dicho valor debe ser contabilizado como un activo a ser recuperado.

3. ¿Cómo se interpreta el concepto de Valor Neto Realizable (VNR) aplicable a los inventarios?

Las empresas deben evaluar sus inventarios inicialmente al costo de adquisición o producción, sin embargo, las NIIF establecen que ese valor no puede ser mayor que el VNR de dicho inventario, es decir, del precio de venta menos los gastos a incurrirse para poder venderlo. Cuando eso ocurre, se deberá ajustar el inventario contra resultados, hasta dejarlo valuado al VNR.

4. ¿Es posible darle valor y contabilizar como un Activo Intangible, una marca que ha sido desarrollada por la misma empresa?

Las NIIF no permiten que se registre como activo una marca desarrollada internamente. Sí es posible hacerlo en casos de compras o cuando ocurren fusiones de empresas y se recibe una marca.

5. ¿Las plantaciones agrícolas con producciones permanentes por muchos años, así como el banano, cacao, café, mango, etc., se valúan al valor razonable por ser activos biológicos?

En una reforma efectuada a la NIC 41, se estableció que este tipo de plantaciones con producción permanente de varios años, a pesar de ser activos biológicos, recibirán el tratamiento de un activo fijo, es decir, se establecerá su vida útil y se depreciará su costo original o revaluado en dicho período de tiempo.

Ecuador Proyecta Exenciones Tributarias

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Ecuador Proyecta Exenciones Tributarias

Ecuador Proyecta Exenciones Tributarias

  • noviembre 10, 2026
  • Juan Romero
  • Artículos, Economía
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Ecuador Proyecta Exenciones Tributarias

Ecuador proyecta exenciones tributarias dejara de percibir aproximadamente USD 7.906 millones en ingresos tributarios durante 2027. Como consecuencia de las exoneraciones, deducciones, devoluciones y otros beneficios fiscales establecidos en la legislación vigente. La cifra ha generado interés porque representa una cantidad considerable de recursos en un momento en que el Estado busca fortalecer la recaudación, financiar servicios públicos y reducir su déficit fiscal.

Sin embargo, es fundamental aclarar que este dinero no corresponde a impuestos evadidos, recursos desaparecidos ni transferencias directas del Gobierno a empresas o ciudadanos. Se trata de lo que técnicamente se conoce como gasto tributario: ingresos potenciales a los que el Estado renuncia al establecer tratamientos impositivos preferenciales con objetivos económicos, sociales o ambientales.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) calculó un gasto tributario proyectado de USD 7.905,89 millones para 2027, según el anexo incorporado a la Proforma del Presupuesto General del Estado. El documento fue remitido mediante el oficio SRI-SRI-2026-0189-OF, fechado el 14 de octubre de 2026, y posteriormente publicado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La pregunta principal no es únicamente cuánto dinero dejará de recaudar Ecuador, sino por qué existen estos beneficios, quiénes los reciben, qué efectos producen sobre la economía y si todos cumplen los objetivos para los cuales fueron creados.

¿Qué significa que Ecuador deje de recaudar USD 7.906 millones?

El concepto de gasto tributario está reconocido expresamente en el artículo 94 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Esta disposición establece que el gasto tributario corresponde a los recursos que el Estado deja de percibir por la aplicación de deducciones, exenciones y otros mecanismos previstos en las normas tributarias. En términos sencillos, el Gobierno decide que determinados bienes, servicios, actividades económicas o grupos de contribuyentes paguen menos impuestos de los que corresponderían bajo un sistema tributario de referencia.

Por ejemplo, cuando un producto de primera necesidad tiene una tarifa de IVA del 0%, el consumidor no paga el IVA que habría correspondido bajo la tarifa general. Esa diferencia puede ser cuantificada como gasto tributario.

Algo similar ocurre cuando una persona adulta mayor recibe una devolución del IVA conforme a los requisitos legales o cuando una empresa utiliza una deducción adicional para fomentar determinadas inversiones.

El objetivo no siempre es incrementar las ganancias de una empresa. Muchos beneficios buscan proteger el consumo básico de los hogares, promover actividades productivas, incentivar la inversión o atender necesidades sociales. El propio SRI explica que estas medidas pueden responder a criterios de interés público, equidad, justicia social y desarrollo económico.

¿Está comprobada la cifra de USD 7.906 millones?

Sí. La cifra coincide con la proyección oficial del SRI. El documento técnico de proyecciones de gasto tributario para 2026-2029, publicado como anexo de la Proforma 2027, presenta los siguientes valores:

Año – Gasto tributario (USD millones)
2025 7.096,83
2026 7.987,42
2027 7.905,89
2028 8.175,37
2029 8.488,84

La información revela que el gasto tributario proyectado para 2027 será USD 81,53 millones inferior al estimado para 2026, equivalente a una reducción aproximada del 1,02%.

Por tanto, aunque el monto continúa siendo elevado, no se prevé un aumento del gasto tributario entre 2026 y 2027. Sin embargo, las estimaciones anticipan un nuevo incremento en 2028 y 2029, cuando el gasto tributario podría superar los USD 8.488 millones.

Es importante recordar que estas cantidades no son resultados definitivos. Las proyecciones dependen del comportamiento de la economía, la recaudación y las normas tributarias aplicables.

¿Cuáles son los impuestos que concentran más beneficios?

El último informe del SRI correspondiente al ejercicio fiscal cerrado de 2025 establece que el gasto tributario total fue de USD 7.096,83 millones, distribuido principalmente entre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta y otros tributos.

 

IVA: el mayor componente del gasto tributario

En 2025, los beneficios relacionados con el IVA representaron USD 4.375,78 millones, equivalentes al 61,7% del gasto tributario total. Esta cantidad comprendió beneficios aplicables a bienes, servicios y devoluciones del impuesto.

Entre los ejemplos de tratamientos preferenciales previstos en la normativa ecuatoriana se encuentran determinados alimentos de primera necesidad, servicios educativos, servicios de salud y transporte público, además de devoluciones para beneficiarios que cumplen las condiciones legales. La existencia de estos mecanismos busca, entre otros objetivos, evitar que determinados consumos esenciales soporten la tarifa general del IVA. Esto significa que una parte importante de los ingresos no percibidos por el Estado está relacionada con decisiones de política social y de protección del consumo.

Impuesto a la Renta: beneficios para personas y empresas

El segundo componente más importante corresponde al Impuesto a la Renta. Durante 2025, el gasto tributario de este impuesto alcanzó USD 1.755,06 millones. De ese total, USD 1.054,28 millones correspondieron a personas naturales y USD 700,78 millones a sociedades.

Entre los mecanismos contemplados en la legislación se encuentran determinadas rentas exentas, rebajas por gastos personales, beneficios para personas adultas mayores o con discapacidad y deducciones o incentivos empresariales sujetos a requisitos específicos. Estos mecanismos tienen objetivos diferentes. Algunos buscan proteger la capacidad económica de los hogares, mientras otros pretenden promover inversiones, empleo o actividades productivas.

Otros impuestos

El tercer componente comprende beneficios relacionados con tributos como el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el impuesto a la propiedad de vehículos motorizados y el impuesto redimible a las botellas plásticas. En 2025, este grupo representó USD 965,99 millones. El SRI advierte que determinadas estimaciones del ISD son provisionales y pueden modificarse conforme se actualice la información tributaria.

¿Por qué Ecuador mantiene estos beneficios tributarios?

La existencia de exoneraciones y deducciones responde a diferentes objetivos de política pública. En primer lugar, algunos beneficios tienen una finalidad social, porque reducen la carga tributaria sobre determinados consumos o grupos de población. En segundo lugar, existen incentivos de naturaleza económica, orientados a estimular inversión, producción, empleo, competitividad y formalización empresarial.

Finalmente, determinadas disposiciones persiguen objetivos ambientales, como incentivar comportamientos relacionados con el reciclaje o la protección de recursos. La clasificación oficial del SRI para 2025 muestra que aproximadamente el 72,4% del gasto tributario correspondió a beneficios y el 27,6% a incentivos.

Esta diferencia es importante porque permite distinguir las medidas orientadas a favorecer determinados contribuyentes o consumos de aquellas destinadas específicamente a promover actividades económicas.

Por tanto, no todos los beneficios fiscales pueden evaluarse exclusivamente desde la perspectiva de cuánto dinero deja de recibir el Estado. También debe considerarse qué resultados económicos y sociales generan.

¿Qué impacto tendrán estas exoneraciones sobre el Presupuesto del Estado?

La magnitud del gasto tributario adquiere mayor relevancia cuando se compara con los ingresos previstos para 2027. Según la Proforma del Presupuesto General del Estado, el Gobierno proyecta recaudar USD 20.702,61 millones en ingresos tributarios durante ese año.

Ingresos tributarios previstos

USD 20.702,61 M

Gasto tributario proyectado

USD 7.905,89 M

Relación entre gasto tributario e ingresos tributarios previstos

38,2%

Comparación aritmética entre dos magnitudes presupuestarias; no representa dinero que pueda recuperarse automáticamente. Esta comparación muestra la importancia fiscal de los beneficios: el gasto tributario proyectado equivale aproximadamente al 38,2% de los ingresos tributarios previstos.

Sin embargo, sería incorrecto concluir que eliminar todas las exoneraciones permitiría recaudar inmediatamente USD 7.906 millones adicionales. El SRI utiliza una metodología de estimación basada en la pérdida de ingresos, que calcula cuánto se habría recaudado bajo determinados supuestos si no existieran los beneficios.

El problema es que eliminar una exoneración puede modificar el comportamiento de consumidores y empresas. Por ejemplo, si determinados alimentos comenzaran a pagar la tarifa general del IVA, sus precios finales podrían aumentar. Como consecuencia, algunos hogares podrían reducir sus compras o sustituir productos. En ese escenario, la recaudación efectiva no necesariamente coincidiría con la estimación original del gasto tributario. El propio SRI reconoce expresamente esta limitación metodológica.

¿Quiénes reciben realmente los beneficios tributarios?

Una de las cuestiones más importantes es determinar cómo se distribuyen las ventajas fiscales. El informe del SRI correspondiente a 2025 identifica diferencias significativas entre contribuyentes. En el caso del Impuesto a la Renta de personas naturales, el documento señala que el 10% de contribuyentes con mayores ingresos concentró aproximadamente el 77,2% del beneficio cuantificado, mientras que el 30% superior acumuló el 97,2%.

Estas cifras corresponden específicamente a la distribución de los beneficios de renta personal analizados, no a la totalidad de los USD 7.906 millones proyectados para 2027.  El resultado plantea una cuestión relevante para la política tributaria: algunos beneficios pueden terminar concentrándose entre contribuyentes con mayor capacidad económica.

En el ámbito empresarial, el informe también identifica una concentración de beneficios del Impuesto a la Renta de sociedades en actividades financieras, manufactura y comercio.

Esto no demuestra, por sí solo, que esos incentivos sean injustificados. Para determinar su eficacia es necesario comprobar si producen inversiones, empleo, innovación o beneficios económicos que compensen el costo fiscal.

¿Se eliminarán las exoneraciones en 2027?

La proyección de gasto tributario no significa que el Gobierno haya decidido eliminar todos los beneficios fiscales. Tampoco constituye una reforma que establezca nuevos impuestos o incremente automáticamente las tarifas existentes. Se trata de un instrumento de planificación presupuestaria que cuantifica los ingresos potenciales no percibidos bajo la normativa y los supuestos utilizados. No obstante, el Gobierno ha identificado la revisión de beneficios tributarios como parte de su estrategia de fortalecimiento fiscal.

El anexo oficial de la Proforma 2027 menciona acciones orientadas a revisar tratamientos tributarios preferenciales, mejorar los controles sobre créditos tributarios y fortalecer la recaudación.

Estas medidas también se relacionan con los compromisos económicos analizados en el programa del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por tanto, es posible que determinados beneficios sean objeto de revisión o modificación mediante futuras disposiciones legales. Pero no existe fundamento para afirmar que todos serán eliminados en 2027.

Cualquier cambio concreto deberá analizarse a partir de la norma que lo establezca y de su fecha de vigencia.

¿Cómo afecta esta situación a las empresas y contribuyentes?

Para las empresas ecuatorianas, el gasto tributario representa tanto una oportunidad de planificación fiscal legítima como un aspecto que requiere controles adecuados.

Los incentivos pueden reducir la carga tributaria efectiva y facilitar determinadas inversiones. Sin embargo, su utilización depende de requisitos establecidos por la legislación.

Desde la perspectiva contable, financiera y de auditoría, las organizaciones deberían prestar atención a cuatro aspectos:

  • Sustento legal: comprobar que cada exoneración, deducción o crédito tributario utilizado tenga respaldo en la normativa vigente.
  • Documentación: conservar los comprobantes y registros que permitan demostrar el cumplimiento de los requisitos.
  • Evaluación financiera: determinar cuánto representa cada beneficio en el flujo de caja y en la carga tributaria efectiva de la empresa.
  • Riesgo normativo: evaluar cómo podría cambiar la rentabilidad de una inversión si se modifica o elimina un incentivo fiscal.

Por ejemplo, una empresa que estructura un proyecto de inversión considerando un beneficio del Impuesto a la Renta debería analizar también un escenario en el que ese incentivo deje de estar disponible para nuevas inversiones.

Este tipo de evaluación permite mejorar las proyecciones financieras y reducir contingencias tributarias.

¿Es positivo o negativo que Ecuador deje de recaudar esta cantidad?

Desde una perspectiva fiscal, las exoneraciones reducen los ingresos potenciales del Estado. Esto puede limitar los recursos disponibles para financiar educación, salud, infraestructura, seguridad y otros servicios públicos.

Sin embargo, desde una perspectiva económica y social, determinados beneficios pueden contribuir a proteger el consumo básico, estimular inversiones o apoyar a grupos de población que requieren tratamientos diferenciados. La cuestión fundamental es evaluar su eficacia.

Un incentivo empresarial debería examinarse considerando cuánto empleo o inversión adicional genera respecto de lo que habría ocurrido sin el beneficio. Una exoneración sobre bienes esenciales debería evaluarse considerando su incidencia sobre los precios y qué proporción del beneficio llega efectivamente a los hogares que se pretende proteger.

El informe oficial del SRI recomienda fortalecer los análisis de costo-beneficio, evaluar los incentivos corporativos y revisar la distribución de los beneficios entre distintos grupos de ingresos.  Por ello, la discusión no debería limitarse a mantener o eliminar todas las exoneraciones, sino a identificar cuáles cumplen sus objetivos y cuáles requieren modificaciones.

¿Qué se espera para los próximos años?

La proyección del SRI indica que el gasto tributario podría aumentar después de 2027, hasta alcanzar USD 8.488,84 millones en 2029. Esto representa un incremento proyectado de aproximadamente 7,4% respecto de 2027. Sin embargo, estas cifras pueden modificarse por cambios en la actividad económica, la recaudación, el consumo, las inversiones y la legislación.

En paralelo, la Proforma 2027 aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de noviembre contempla un presupuesto de USD 50.213,09 millones, un déficit global proyectado de USD 4.411,85 millones y un crecimiento económico esperado de 2,5%.  En este contexto, la revisión del gasto tributario constituye una herramienta de política fiscal relevante.

Si el Estado consigue mejorar la focalización de los beneficios sin afectar injustificadamente el consumo esencial ni las inversiones productivas, podría fortalecer la eficiencia de su sistema tributario. No obstante, los resultados dependerán de las reformas efectivamente adoptadas y de su impacto sobre el comportamiento de los contribuyentes.

La noticia de que Ecuador dejará de recaudar aproximadamente USD 7.906 millones durante 2027 es verdadera, siempre que se entienda como una proyección oficial de gasto tributario y no como una pérdida efectiva ya registrada.

El valor exacto estimado por el SRI es de USD 7.905,89 millones y está documentado en el anexo de la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027. La mayor parte del gasto tributario históricamente se concentra en el IVA y el Impuesto a la Renta, mediante mecanismos que incluyen exoneraciones, devoluciones, deducciones y otros tratamientos preferenciales.

Estas disposiciones cumplen diferentes funciones: algunas buscan proteger a los hogares, otras promover inversiones y otras incentivar actividades de interés público. Sin embargo, la magnitud del gasto tributario plantea preguntas importantes sobre su distribución, eficacia y sostenibilidad.

La evidencia del SRI muestra que determinados beneficios del Impuesto a la Renta se concentran entre contribuyentes de mayores ingresos, lo que refuerza la importancia de evaluar periódicamente si las medidas cumplen los objetivos previstos.

Para el Estado, el desafío consiste en equilibrar tres necesidades: mantener ingresos suficientes para financiar los servicios públicos, proteger a los sectores que requieren apoyo y promover inversiones que contribuyan al crecimiento económico.

Para las empresas y contribuyentes, el escenario exige mantenerse informados, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y prepararse ante posibles modificaciones futuras.

En definitiva, los USD 7.906 millones no representan simplemente impuestos que Ecuador ha decidido no cobrar. Representan decisiones de política fiscal cuyo verdadero valor debe medirse por los beneficios económicos y sociales que generan.

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Etiquetas: Economía, Ecuador, Impuesto a la Renta, Servicio de Rentas Internas

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